La Plataforma Social en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León quiere mostrar su más absoluto y contundente rechazo ante la aprobación del Decreto 57/2014 de 4 de diciembre, por el que se regula la constitución y funcionamiento de Unidades de Gestión Clínica del Servicio de Salud de Castilla y León.
Más allá de los términos “dulces” en los que estas UGC parecen presentarse en el texto del Decreto, lo que es cierto es que esta forma de gestión no constituye ningún “Eldorado” sino que supone un paso hacia la fragmentación del sistema sanitario convirtiéndole en microempresas que entrarán en competencia entre sí, ya que, por encima de la mencionada y pretextada “autogestión” de los profesionales, lo que la administración realmente pretende es controlar y regular el crecimiento presupuestario, con promesas de mejoras salariales para algunos profesionales por medio de incentivos (como forma enmascarada de abrir el abanico salarial de ciertos jefes intermedios), y todo ello a costa del empeoramiento de las condiciones de trabajo del resto de los profesionales de la plantilla y a costa de la merma en cantidad y calidad de algunas prestaciones para con los pacientes.
Aceptamos la implicación de los profesionales sanitarios en el proceso de la gestión clínica entendiendo por tal la mas eficiente utilización de los recursos basada en criterios de evidencia científica pero rechazamos que se creen microempresas que utilicen la posible generación de beneficios marginales, ahorrando gastos en la atención directa o indirecta de los pacientes, para gratificar económicamente a los profesionales lo que supone un incentivo potencialmente perverso.
Estas UGC constituyen una primera fase en el proceso de fragmentación y quebranto del modelo público, para, en otra fase posterior proceder a medidas que legitimarán los recortes sanitarios y justificarán una privatización abierta.
No existe constatación de alcanzar ningún beneficio para los pacientes con esta nueva forma de gestión “atomizada”, como así lo demuestran los ejemplos que encontramos en las CCAA que lo tienen implantado, salvo el hecho de que, por medio de estas UGC, la administración elude responsabilidades políticas delegando y derivando las consecuencias de los recortes en sanidad hacia los jefes y coordinadores de los servicios que se transformen en UCG, y que serán incentivados por y para ello.
Más allá de los términos “dulces” en los que estas UGC parecen presentarse en el texto del Decreto, lo que es cierto es que esta forma de gestión no constituye ningún “Eldorado” sino que supone un paso hacia la fragmentación del sistema sanitario convirtiéndole en microempresas que entrarán en competencia entre sí, ya que, por encima de la mencionada y pretextada “autogestión” de los profesionales, lo que la administración realmente pretende es controlar y regular el crecimiento presupuestario, con promesas de mejoras salariales para algunos profesionales por medio de incentivos (como forma enmascarada de abrir el abanico salarial de ciertos jefes intermedios), y todo ello a costa del empeoramiento de las condiciones de trabajo del resto de los profesionales de la plantilla y a costa de la merma en cantidad y calidad de algunas prestaciones para con los pacientes.
Aceptamos la implicación de los profesionales sanitarios en el proceso de la gestión clínica entendiendo por tal la mas eficiente utilización de los recursos basada en criterios de evidencia científica pero rechazamos que se creen microempresas que utilicen la posible generación de beneficios marginales, ahorrando gastos en la atención directa o indirecta de los pacientes, para gratificar económicamente a los profesionales lo que supone un incentivo potencialmente perverso.
Estas UGC constituyen una primera fase en el proceso de fragmentación y quebranto del modelo público, para, en otra fase posterior proceder a medidas que legitimarán los recortes sanitarios y justificarán una privatización abierta.
No existe constatación de alcanzar ningún beneficio para los pacientes con esta nueva forma de gestión “atomizada”, como así lo demuestran los ejemplos que encontramos en las CCAA que lo tienen implantado, salvo el hecho de que, por medio de estas UGC, la administración elude responsabilidades políticas delegando y derivando las consecuencias de los recortes en sanidad hacia los jefes y coordinadores de los servicios que se transformen en UCG, y que serán incentivados por y para ello.
Plataforma por la Sanidad Publica de Castilla y León
Diciembre 2014
BOCYL: DECRETO 57/2014, de 4 de diciembre, por el que se regula la constitución y funcionamiento de Unidades de Gestión Clínica del Servicio de Salud de Castilla y León.
BOCYL-D-05122014-2.pdf - 2505 KB