El afán privatizador que está intentando acabar con la esencia pública y universal de nuestro sistema de salud tiene una consecuencia dramática y un origen bastardo.
La consecuencia fundamental es la pérdida del papel de equidad y de cohesión social que un sistema sanitario público aporta a una sociedad. Toda sociedad es, en principio, desigual: hay pobres y ricos. La “calidad” de una sociedad concreta se puede medir muy ajustadamente por el grado de desigualdad que soporta. Hay muchas herramientas para reducir ésta desigualdad, naturalmente en manos del poder político que puede, a través de normas y leyes, establecer mecanismos para disminuirla: políticas laborales, salariales, fiscales, etc. Pero hay un conjunto de “políticas” que, indirecta pero potentísimamente, crean por sí mismas equidad: son las Políticas Sociales, esas que hicieron de la Europa de después de la Segunda Guerra Mundial un espacio de igualdad y bienestar que no se ha vivido nunca en la historia; esa Europa que nos deslumbraba en la gris dictadura y que nos ofreció un modelo a seguir durante la transición.
Un sistema educativo que garantice el acceso a todos es el mas potente cohesionador, así como un sistema de pensiones que posibilite una vida digna para todos cuando ya no se puede trabajar. Un Sistema Sanitario público hace posible que, al menos frente a la mayor amenaza, como es la enfermedad, todos seamos iguales. Su pérdida, por el contrario, ahonda las diferencias y hace caer la igualdad a una sima de inmoralidad. En España conseguimos un sistema sanitario prácticamente universal y, por ende, con una notable capacidad de redistribuir la renta. Su pérdida tendría dramáticas consecuencias para nuestra sociedad, la fractura social se haría abismal. Una sociedad fragmentada, además de injusta e inmoral, es inestable e impredecible. Es difícil criticar razonadamente estas cuestiones pero cuando el interés común no es lo que guía la marcha de las sociedades, la razón no es atendida.
Respecto al origen de la privatización, hay que buscarlo en argumentos aparentemente razonables que, sin embargo, han sido construidos a base de falacias y axiomas falsos, como por ejemplo la iniciativa privada es mas eficiente o la competencia mejora las opciones de los usuarios que eligen libremente. La primera de ellas nunca se ha podido demostrar, al menos en el ámbito de los servicios públicos. La pretendida excelencia de la gestión privada se basa en la reducción de los costes a través de mermar la calidad y las prestaciones y, sobre todo, instaurar condiciones laborales tan abusivas como permita la ley. Debe recordarse a este propósito la reciente ola de demolición de derechos de los trabajadores que vienen introduciendo las recientes legislaciones laborales (1).
La otra gran falacia es la pretendida ventaja de la competencia. Inspirada en la libertad de elección, ha dado en este país, como en ningún otro, muestras más que evidentes de ser una enorme mentira. Pero, concretamente en el ámbito sanitario, la supuesta libertad de elección es rigurosamente inexistente. Un enfermo no tiene derecho a elegir entre ir al médico o no ir, entre tomar éste medicamento (se supone necesario) o no tomarlo. No tiene capacidad práctica de elegir un servicio de coronarias o de cirugía u otro que son, habitualmente, únicos en la provincia. Un enfermo de Hepatitis‐C al que su médico le indica tratamiento con el famoso nuevo fármaco no tiene capacidad de elegir. De eso se aprovecha inmoralmente la industria sanitaria que, en ese paradigma de oferta‐demanda‐libertad‐de‐elección, impone precios de hasta el cuatro mil por ciento superiores al de costo (2) con la increíble anuencia de los gobiernos (3) como si unos y otro fueran una misma cosa (o al menos, cosas no muy separadas). La gran falacia de la libertad invocada por los mercados.
Esos mercados que nos extorsionan con precios inmorales son los que nos quieren despojar del Sistema Sanitario Público. Está perfectamente documentado el enorme movimiento que están desarrollando los capitales supranacionales para hacerse con la sanidad pública de toda Europa (4),(5).Quedamos, pues, rehenes económicos y sin herramientas para disminuir la desigualdad. En un proceso como el actual, de desmantelamiento del Sistema Público, nos jugamos mucho más que listas de espera, comodidad en el hospital o capacidad de elección de profesional: nos estamos jugando la calidad de nuestra sociedad; de ahí su trascendencia.
Nuestros políticos están para defendernos de las extorsiones y para cohesionar nuestra sociedad. Con frecuencia se les olvida: los grandes poderes económicos están demasiado cerca de ellos, y los ciudadanos debemos estar recordárselo constantemente.
Juan Antonio Ayllón Domínguez
Asociación SANIDAD PÚBLICA SI. Burgos
Febrero 2015
1 https://economistasfrentealacrisis.wordpress.com/2012/03/14/comunicado-de-jueces-para-la-democracia-ante-la-reforma-laboral/